Presionado por las protestas y las críticas, el presidente del Senado introdujo el pasado viernes un proyecto de ley para modificar 19 artículos del nuevo Código Penal, con cambios que reducen el castigo de varios delitos que habían generado ataques por su impacto en la libertad de expresión. Entre las principales propuestas figura que el delito de ultraje, entendido como insultos u ofensas, ya no protegerá a los funcionarios del Gobierno, y se reducen las penas por difamación.

Uno de los cambios más relevantes recae sobre el artículo 310, que originalmente castigaba los insultos contra cualquier funcionario mediante palabras, gestos o amenazas consideradas “contrarias a su dignidad personal”. La propuesta modifica el alcance de ese delito al cambiar incluso su denominación de “ultraje” por "ultraje jurisdiccional".

Así, la sanción dejaría de aplicarse a los ciudadanos que ofendan a los funcionarios del Gobierno en general y solo abarcaría los insultos dirigidos contra jueces, miembros del Ministerio Público y secretarios judiciales.

Mientras el texto del nuevo Código Penal establecía sanciones de hasta cinco años de prisión, la propuesta del Gobierno fija un rango de uno a dos años de cárcel.

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