La difamación y el ultraje se han convertido en los principales focos de las correcciones que distintos sectores buscan hacer al nuevo Código Penal antes de que entre en vigencia en agosto. De alrededor de las 20 propuestas de modificación presentadas hasta el momento por legisladores, organizaciones y otros actores, la mayoría coincide en cambiar o eliminar los artículos que regulan esos delitos, especialmente los relacionados con la difamación, la injuria y el ultraje.

La propuesta que más respaldo tiene en el Congreso es la que depositó el viernes el Poder Ejecutivo, a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien propuso modificar 19 artículos del texto legal, entre ellos los referentes a la difamación y el ultraje.

En su proyecto de ley, De los Santos plantea que el ultraje solo sea penalizado cuando se cometa contra jueces o fiscales, y no contra funcionarios del Gobierno, como establece el artículo 310 del Código Penal que entrará en vigencia a inicios de agosto. Además, propone reducir la pena por el delito de difamación.

Mientras el texto aprobado contempla hasta cinco años de cárcel, la iniciativa la reduce a un máximo de dos años de prisión y elimina la agravante que dispone una sanción mayor cuando el delito se cometa a través de redes sociales o plataformas digitales.

Los vocerosOtro de los proyectos que ha concentrado atención es el depositado por la mayoría de los voceros de los partidos en la Cámara de Diputados, quienes dejaron atrás sus diferencias para someter una iniciativa que, entre otros aspectos, propone cambios en la difamación y el ultraje.

En cuanto al ultraje, los voceros plantean mantener el artículo tal como fue aprobado, pero agregar un párrafo que establezca que el delito no se configurará cuando se trate de una crítica, una denuncia, una protesta, una opinión, una sátira o cualquier manifestación amparada por la libertad de expresión. En el caso de la difamación, los diputados proponen reducir la pena de un máximo de cinco años a uno de prisión.

Además, plantean despenalizar el delito cuando se trate de hechos de interés público o relacionados con el ejercicio de funciones públicas, siempre que existan sustentos. Otra propuesta que también aborda ambos delitos fue depositada ayer por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco). Entre otros puntos, plantea que el ultraje solo se penalice cuando se cometa "en el ámbito jurisdiccional" y que la difamación contemple una reducción de la pena de prisión.

En su iniciativa, Adocco también propone armonizar la responsabilidad de las personas jurídicas, reforzar la protección del periodismo de investigación y "precisar el alcance de la responsabilidad penal de las empresas cuando se difundan informaciones falsas".

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