Obtener una sentencia judicial firme y definitiva, revestida con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, debería marcar el final de una litis que en ocasiones se extienden hasta por más de diez años en los tribunales de República Dominicana.

Sin embargo, muchas veces, quienes obtienen los fallos a su favor y requieren la fuerza pública para la ejecución de embargos o algún desalojo se ven atrapados en “una odisea” que incluye, según el abogado Francisco García, enfrentar nuevas demandas o incluso audiencias ante el Abogado del Estado, cuando es por asuntos inmobiliarios, o en las fiscalías si es por temas laborales, penal y comercial.

Aunque la Ley 396-19 faculta al Ministerio Público para regular y otorgar la fuerza pública, esta competencia tiene fecha de caducidad fijada para el próximo año 2027.

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