En el Gran Santo Domingo existe una brecha entre las obligaciones establecidas por la legislación municipal y la información que algunos ayuntamientos ponen a disposición de los ciudadanos.

A pesar de que el artículo 222 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece que los cabildos deben facilitar la más amplia información sobre su actividad y la participación de los ciudadanos en la gestión municipal, en varias demarcaciones las decisiones del Concejo de Regidores no están disponibles o no se encuentran actualizadas en sus portales web.

Esto entra en contradicción con la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, que dispone que todos los organismos públicos, incluidos el Distrito Nacional y los municipios, deben garantizar a la población el acceso a las comunicaciones públicas y utilizar sus respectivos portales digitales para facilitar su divulgación.

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