Los casos registrados en los últimos tres meses en los que agentes de la Policía Nacional se han visto involucrados en muertes de civiles, fallecimientos bajo custodia e intervenciones que derivan en investigaciones judiciales han vuelto a colocar el proceso de reforma policial frente a uno de sus principales desafíos: lograr que los cambios institucionales se reflejen en la actuación de los agentes en las calles.

Mientras las autoridades impulsan la transformación del cuerpo del orden, cada nuevo episodio reabre el debate sobre la aplicación de los protocolos de uso de la fuerza, los mecanismos de supervisión y la capacidad de la institución para fortalecer la confianza ciudadana.

Aunque corresponden a circunstancias diferentes, todos han reavivado el debate sobre la implementación de los protocolos policiales y la capacidad de la reforma para traducirse en cambios en el ejercicio cotidiano de las funciones de los agentes.

Los datos de Patrulla Letal, proyecto de Diario Libre, orientado a registrar las muertes atribuidas a la Policía Nacional, reflejan además que las personas jóvenes continúan siendo el grupo más afectado en los casos de muertes en actuaciones policiales. Desde 2020 hasta la fecha, al menos 273 personas de entre 16 y 35 años han perdido la vida en hechos en los que participaron agentes de la Policía Nacional.

Sobre el hecho más reciente de presunto abuso policial, donde un hombre falleció tras ser fuertemente agredido en el destacamento central de la Policía Nacional de San Cristóbal, el presidente Luis Abinader al ser cuestionado sobre el hecho dijo: "Vamos a esperar las investigaciones".

La encargada de llevar a cabo la ejecutoria de dicha reforma, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha defendido la continuidad del proceso, señalando que la misma busca corregir rezagos acumulados durante casi un siglo y afirmó que nunca antes un gobierno había asumido una transformación de esa magnitud. Dicha reforma policial ya fue aprobada en el Senado.

Se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, cuyos representantes acordaron enviar el proyecto de ley de la Policía Nacional al estudio de una comisión permanente. Se prevé que la misma sea aprobada antes del cierre de la legislatura actual en el Congreso, prevista para concluir el 26 de julio. Una gota que parece permanenteEl caso más reciente corresponde a Miguel Antonio Lucas, de 43 años, quien falleció mientras permanecía detenido en un destacamento de San Cristóbal.

Según su abogado, un certificado médico practicado antes de su ingreso establece que no presentaba lesiones por agresión al momento de ser evaluado. Como protesta para exigir el esclarecimiento de su muerte, familiares trasladaron el ataúd con su cuerpo hasta el destacamento de la Policía Nacional en San Cristóbal.

Fuente: Portada