Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazaron el segundo recurso de casación presentado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) contra Inteligencia Legal, SRL, con lo que concluyó un litigio iniciado en 2021 y que llegó en dos ocasiones a la Corte de Casación.

El conflicto judicial se originó por el intento de la Cámara de Cuentas de dejar sin efecto un acto mediante el cual el propio organismo había aprobado la contratación de los servicios profesionales de Inteligencia Legal. La alta corte rechazó este segundo recurso en todas sus partes y reafirmó que, cuando la Administración procura afectar un acto favorable, se exige “especial rigor” en el respeto de la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso.

En este caso, la alta corte consideró jurídicamente correcta la conclusión del tribunal de envío de que la Cámara de Cuentas no estableció de manera suficiente y concreta cuáles eran las razones de contrariedad al derecho ni la lesión al interés público que justificaba impugnar el acto que había reconocido derechos a Inteligencia Legal.

La SCJ concluyó que se realizó una correcta aplicación de la ley y, en consecuencia, rechazó el recurso interpuesto por la Cámara de Cuentas.

Inteligencia Legal valora decisiónEl socio fundador de Inteligencia Legal, Julio Cury, valoró la sentencia y destacó sus implicaciones respecto a los derechos previamente reconocidos por las instituciones públicas.“Después de cinco años, dos casaciones y un juicio de reenvío, quedó definitivamente establecido que una institución no puede desconocer derechos ya reconocidos sin ofrecer razones serias y verificables, un principio esencial del Estado de derecho.

Tiene que explicar qué ilegalidad concreta existe y qué interés público ha sido efectivamente lesionado”, afirmó Cury. El abogado agregó que la Administración también está sometida al derecho cuando procura revisar sus propias actuaciones. “Es una victoria para el debido proceso, más allá del caso concreto”, sostuvo.

Entre los servicios figuraban una instancia de resolución de peticiones, la respuesta a un recurso de oposición del Ministerio Público, una solicitud de nulidad de un allanamiento y de la orden que lo autorizó, así como otras acciones de carácter constitucional o legal que fueran consideradas pertinentes.

La misma decisión autorizó la contratación del abogado Francisco Franco Soto por 1.5 millones más impuestos, para representar a la institución en una acción de inconstitucionalidad por conflicto de competencia contra el Ministerio Público y la jueza de Instrucción Especial designada por la Suprema Corte de Justicia. A través de la Sentencia núm.

Fuente: Actualidad