Durante los dos años que pasó en prisión, Affe Gutiérrez dice que vio llegar a jóvenes consumidores de drogas y observó cómo algunos terminaban en peores condiciones que aquellas en las que habían ingresado. Esa experiencia, según cuenta, terminó llevándolo ante el Tribunal Constitucional (TC), donde presentó una acción para que el simple consumo de drogas deje de ser perseguido penalmente y la respuesta del Estado se concentre en quienes trafican y comercializan esas sustancias.

Dijo que dentro del penal observó a jóvenes con recursos que podían comprar drogas y que a otros internos se las vendían mezcladas con sustancias peligrosas. Según su testimonio, algunos terminaban en las áreas hospitalarias en condiciones de deterioro extremo y sin recibir la asistencia que necesitaban.

Para Gutiérrez, esa realidad demuestra que el consumo debe abordarse como un problema sanitario y no principalmente como un asunto penal.“Estamos frente a personas que tienen un problema de salud. Esto es un tema sanitario”, sostuvo.

Cárcel y no rehabilitaciónGutiérrez considera que el Estado ha fallado en detener el tráfico de drogas y posteriormente termina encarcelando a personas que necesitan tratamiento.“Es más fácil, es más barato, en vez de tener una política sanitaria de reinserción, de rehabilitación... enviar un joven a la cárcel”, afirmó.

Su acción ante el TC se sustenta, según explicó, en los principios de objetividad y proporcionalidad, así como en los derechos a la dignidad humana y a la salud. RELACIONADAS También cuestiona que una persona sea sometida a un proceso penal por consumir una sustancia que, según su planteamiento, afecta principalmente su propia salud.“Para poder sancionar de manera penal a un individuo debe haber una afectación de derechos”, argumentó.

En el caso de un consumidor, agregó, “se está haciendo daño a sí mismo, no está afectando derechos de nadie”. Su planteamiento distingue entre quienes consumen y quienes participan en el negocio de las drogas.“Hay narcotraficantes, hay distribuidores y hay consumidores. Los consumidores son las víctimas aquí”, afirmó.

El peso de un expediente penalEl exreo también cuestionó las consecuencias que puede tener para un joven consumidor pasar por el sistema penal, incluso después de recuperar su libertad.

Explicó que el sometimiento a un proceso puede dificultar posteriormente su acceso al empleo, precisamente cuando debería estar en condiciones de reconstruir su vida.“Cuando a ti te dan un certificado de no antecedentes penales que dice que tú tienes abierto una causa penal en un tribunal, ¿quién te va a dar trabajo?”, preguntó. A su juicio, ese efecto termina dificultando la reinserción de personas que deberían recibir ayuda del Estado.

Fuente: Actualidad