Cuatro juristas han declarado que las alertas migratorias sin respaldo judicial son nulas y que la única forma de impedir la salida de un ciudadano es mediante una orden de tribunal. La Procuraduría General, en una nota de prensa emitida este martes, solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) retirar todas las restricciones que no cuenten con dicho fundamento. Tras más de seis meses de auditoría de tres décadas de datos, se levantaron los impedimentos de 56,140 personas, cuyas fichas carecían de sustento legal y limitaban su derecho al libre tránsito.

Procedimiento para ciudadanos afectados

Los abogados José Valdez y Freddy Díaz recomiendan a quien sospeche de una restricción acudir a la DGM y solicitar una certificación de su situación, documento que solo entrega a la persona interesada. También es posible presentar la solicitud en la Procuraduría General, aunque advierten que la entidad suele mostrarse escéptica pese a su obligación legal de informar. Según fuentes, la DGM cobra 2,000 pesos por la gestión de la certificación.

El caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez ilustra la controversia: un juez ordenó a Migración entregar los documentos que justificaran su restricción de noviembre de 2020 y junio de 2021, imponiendo una multa de 30,000 pesos diarios por el retraso. La entidad nunca entregó la información, alegando la inexistencia de órdenes judiciales y atribuyéndola a una administración anterior. La entonces procuradora general, Miriam Germán Brito, reconoció que esas alertas no están permitidas por la legislación dominicana y pidió su eliminación, posición respaldada únicamente por el director de Migración.

Fuente: Actualidad