La Procuraduría General de la República solicitó a la Dirección General de Migración retirar todas las alertas que no contaran con una orden judicial. Tras una auditoría de más de seis meses, el sistema migratorio se actualizó y se eliminaron 56,140 impedimentos que limitaban el libre tránsito de ciudadanos. Los registros afectados carecían de fundamento judicial y, en muchos casos, correspondían a procesos concluídos o a errores administrativos.

Procedimiento para verificar impedimentos

Cuatro abogados – José Valdez, Manuel Soto Lara, Cándido Simó y Freddy Díaz – recomiendan a quien sospeche de una restricción acudir a la Procuraduría General y presentar certificaciones que demuestren la ausencia de casos pendientes. También es posible solicitar una certificación de estado directamente en la Dirección General de Migración, aunque el trámite tiene un costo de 2,000 pesos y la entidad suele ser cautelosa al proporcionar información. Los juristas insisten en que solo una orden de tribunal puede legitimar una prohibición de salida.

El caso del exprocurador general Jean Alain Rodríguez ilustra la controversia. Un juez ordenó a Migración entregar la documentación que justificara la restricción impuesta en 2020 y 2021, imponiendo una multa de 30,000 pesos por día de retraso; sin embargo, la entidad alegó no encontrar ninguna orden. Posteriormente, la entonces procuradora general Miriam Germán Brito reconoció que esas alertas no estaban permitidas por la legislación dominicana y pidió su eliminación, recibiendo el apoyo del director de Migración.

Fuente: Portada