Avanzan los apoyos a la Ley Mirabal contra la violencia de género
La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial expresó su respaldo al anteproyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, y solicitó al Congreso Nacional que lo apruebe cuanto antes. El proyecto, impulsado por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas bajo la dirección de la ministra Gloria Reyes, busca reforzar los mecanismos de prevención, protección y sanción de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, subrayó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para enfrentar esta problemática. La iniciativa se presenta como una herramienta legal más robusta para atender la creciente ola de agresiones de género.
Violencia vicaria y nuevas figuras delictivas
La jueza Nancy Salcedo Fernández, coordinadora de la comisión, advirtió sobre el aumento de feminicidios y la violencia de género, y señaló que el proyecto incorpora la figura de violencia vicaria, que penaliza a quien daña a una mujer mediante sus hijos u otros familiares. Asimismo, la subcoordinadora Vanessa Acosta destacó la urgencia de modernizar la legislación vigente y se comprometió a acompañar al Ministerio de la Mujer en la difusión del texto. Ambas magistradas resaltaron la importancia de una respuesta integral que incluya sanciones más severas y protección efectiva para las víctimas. La propuesta también contempla penas de hasta 40 años de prisión para quienes cometan homicidios dirigidos a castigar a madres.
Para garantizar la efectividad del nuevo marco legal, la magistrada Miguelina Ureña propuso alianzas interinstitucionales que faciliten la capacitación de jueces, fiscales y profesionales de la salud. Sugirió la organización de seminarios, talleres y jornadas de formación entre la Suprema Corte, la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela de Igualdad Magaly Pineda del Ministerio de la Mujer. La comisión considera que la coordinación entre distintas entidades del Estado es clave para mejorar la prevención, la atención a las víctimas y el acceso a la justicia. Estas acciones buscan consolidar una respuesta oportuna y eficaz contra todas las formas de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.
Fuente: Actualidad