Según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los comercializadores de vehículos son el sector con mayor número de sanciones por infracciones a la Ley 155‑17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. De las 48 resoluciones emitidas desde 2021, 36 recaen sobre dealers o concesionarios, mientras que el resto afecta a constructoras, inmobiliarias y otros sujetos. Las multas varían entre 300,000 y 13.9 millones de pesos, acumulando un total de 36.7 millones de pesos en penalidades firmes.

Concesionarios sancionados

La mayoría de las infracciones de los dealers se catalogan como leves, principalmente por no remitir a la DGII la información estadística trimestral dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre del periodo. En casos puntuales, firmas como Auto Lujosa, Ochoa Hermanos, Alamsa y Ciber Dealer recibieron multas superiores al mínimo, por retrasos en la entrega de datos, falta de identificación de riesgos y no adoptar medidas correctivas recomendadas por el supervisor.

Otros sectores afectados

En el ámbito de la construcción, las sanciones se originan por no designar ni comunicar a la DGII a un oficial de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero, así como por incumplir la entrega de la información estadística requerida. Una empresa de servicios inmobiliarios, una de contabilidad y una persona física vinculada al sector joyero también figuran en la lista, siendo esta última la que recibió la multa más alta, de 13.9 millones de pesos, por obstruir la labor de inspección y no establecer un órgano interno de control.

Fuente: Portada