Doctora Basora enfrenta fraude al Senasa y clínica clandestina
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Doctora Basora enfrenta fraude al Senasa y clínica clandestina

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En menos de dos meses, la ginecóloga Griselda Altagracia Basora Ramírez ha sido señalada por varias conductas delictivas. Las investigaciones la vinculan a un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud Pública (Senasa) y a la administración de una clínica de estética sin los permisos requeridos. En esa instalación, un barbero sin formación médica realizó una liposucción que terminó con la muerte de la joven Rebecca Brizard. Las autoridades han abierto procesos tanto por el fraude como por la operación clandestina. El caso ha generado preocupación en el sector salud dominicano.

Clínica clandestina en Santo Domingo Este

Basora forma parte de un grupo de veintidós médicos detenidos recientemente por el Ministerio Público, bajo la acusación de cobrar por consultas y procedimientos especializados que nunca se llevaron a cabo a afiliados del Senasa. En su caso particular, se le atribuye presentar reclamaciones a la ARS por supuestos procedimientos ginecológicos realizados a hombres, lo que constituye una irregularidad adicional. El Ministerio de Salud Pública ha confirmado que la clínica, ubicada en Santo Domingo Este, operaba sin la habilitación correspondiente. Juan Gerardo Mesa, director de Habilitación, señaló que el establecimiento carecía de equipos adecuados para intervenciones quirúrgicas. La falta de autorización y la ausencia de personal calificado fueron factores determinantes en la investigación.

Tras el fallecimiento de Brizard, la Fiscalía requirió la comparecencia de Basora, quien no respondió al primer citatorio. Posteriormente acudió a una segunda convocatoria y fue entrevistada por representantes de Salud Pública. Mesa informó que la doctora dejó esperando a los funcionarios antes de presentarse. El barbero responsable, Enmanuel Hernández, abandonó el país después de que su participación se hiciera pública. Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

Fuente: Portada