El martes se dio a conocer la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, mediante el decreto 787‑26. La norma define principios y lineamientos para que la IA sea utilizada de forma responsable, segura, inclusiva y transparente en todas las dependencias del Estado. Con esta medida se busca garantizar que la tecnología respete los derechos de la ciudadanía y contribuya a una gestión pública más eficiente.

El documento se elaboró a través de un proceso participativo y multisectorial liderado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, con apoyo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto. Además, está alineado con los estándares de la UNESCO y la OCDE, lo que refuerza su carácter internacional. La normativa será de cumplimiento obligatorio para la administración centralizada y descentralizada.

Principales disposiciones del código

Entre los puntos más relevantes se encuentran las Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos, obligatorias para cualquier sistema de IA de alto impacto antes de su puesta en producción. La ciudadanía tendrá derecho a saber cuándo una decisión administrativa se apoya en IA y podrá solicitar explicaciones comprensibles y revisión humana. Quedan prohibidos el scoring social generalizado, la identificación biométrica masiva sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos y la automatización de sentencias penales, así como el uso de armas autónomas.

El código también refuerza la protección de la infancia, prohibiendo cualquier IA que genere o distribuya contenido lesivo o discriminatorio para menores. En materia de contratación, las entidades públicas deberán exigir trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos, evitando sistemas de "caja negra". Finalmente, se crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, integrado por representantes estatales y de la sociedad civil, y se otorgan 180 días para que las instituciones registren sus sistemas, designen responsables y adapten sus procesos.

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