La inclusión expresa de la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación enfrentó este miércoles a organizaciones de la comunidad LGBT con un amplio grupo de sectores religiosos, familiares y provida que acudieron ante el Tribunal Constitucional para rechazar el recurso presentado contra el artículo 173 del nuevo Código Penal.

Mientras los argumentos jurídicos se debatían dentro del tribunal, en la Plaza de la Bandera se concentraron personas de la población LGBT para respaldar la acción y reclamar que la protección contra la discriminación no quede sujeta a interpretaciones de jueces y fiscales.

La controversia tiene como protagonistas a la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo, quienes cuestionan que el artículo 173 no mencione expresamente la orientación sexual entre las categorías protegidas.“Somos grupos discriminados y excluidos socialmente y nuestra Constitución nos protege”, afirmó Díaz, quien sostuvo que el Código Penal debe protegerlas de manera expresa.

Según Acevedo, se trata de garantizar que las conductas que el artículo 173 ya considera discriminatorias reciban la misma protección cuando el motivo sea la orientación sexual. Frente a esa posición se levantó una amplia representación de organizaciones y personas que sostienen que el Tribunal Constitucional no puede ampliar por vía interpretativa las categorías de discriminación ni crear nuevas consecuencias penales.

El abogado Juárez Castillo, representante de sectores de la Iglesia Católica, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y otras organizaciones, sostuvo que la pretensión de las accionantes busca modificar indirectamente el artículo 39 de la Constitución.

Castillo argumentó que el artículo 173 reproduce las categorías de discriminación previstas constitucionalmente y que incluir la orientación sexual mediante una sentencia supondría que el Tribunal asuma funciones propias del poder constituyente o del Congreso.

También advirtió que una protección penal formulada de esa manera podría entrar en tensión con otros derechos fundamentales, entre ellos la libertad de conciencia, la libertad religiosa y de expresión, los derechos de la familia y la facultad de los padres sobre la educación de sus hijos. Los sectores que representa pidieron al TC rechazar íntegramente la acción y declarar constitucional el artículo 173.

También solicitaron que se descarte la posibilidad de incorporar judicialmente la orientación sexual como una nueva categoría penal. El choque, sin embargo, no se limita a una diferencia sobre la redacción de un artículo.

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