Un análisis conjunto de la Escuela Nacional de la Judicatura y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios concluye que el funcionamiento del sistema judicial dominicano no constituye un obstáculo significativo para la decisión de invertir en el país. Los empresarios encuestados indican que la salida de capitales motivada por cuestiones judiciales es poco frecuente. Sin embargo, el estudio señala que, al momento de litigar, los costos pueden resultar desproporcionados para las pequeñas y medianas empresas. En contraste, las grandes corporaciones, que manejan transacciones de mayor escala, absorben esos gastos con menor impacto relativo.

Costos judiciales para pymes

Los litigios generan una carga financiera que afecta de manera más aguda a los negocios del interior y a las pymes, cuya capacidad de pago es limitada. Según los testimonios recopilados, los honorarios y gastos procesales representan una proporción considerable del presupuesto operativo de estas empresas. Esta disparidad crea un efecto regresivo, pues el mismo proceso judicial que resulta manejable para una multinacional puede resultar prohibitivo para un emprendimiento local.

Los entrevistados también coincidieron en que, al comparar destinos de inversión en la región, factores como el costo de la energía y el salario pesan más que la eficiencia del sistema judicial. Por ello, la competitividad de la República Dominicana sigue dependiendo más de la política energética y laboral que de la rapidez de sus tribunales. El informe sugiere que mejorar la accesibilidad y reducir los costos de los procesos judiciales podría favorecer a las pymes sin alterar significativamente la atracción de inversión extranjera.

Fuente: Economía