El Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de ley que busca tipificar y sancionar el reclutamiento, la utilización y la participación de menores de 18 años en grupos armados irregulares y organizaciones delictivas. La iniciativa establece que los menores involucrados no serán responsables penalmente por los actos cometidos bajo coacción o instrumentalización. Asimismo, la norma excluye cualquier medida punitiva por su vínculo, permanencia o fuga del grupo.

Penalidades y agravantes

Quienes recluten, incorporen o retengan a menores podrían enfrentar penas de quince a veinte años de prisión. Las sanciones se incrementan a veinte‑treinta años cuando concurran agravantes, como la edad inferior a catorce años, la comisión de violencia, secuestro o la destinación del niño a delitos graves como homicidio o tráfico de drogas. También se consideran agravantes el aprovechamiento de la pobreza extrema, el uso de plataformas digitales para captar a los menores o la posición de autoridad del perpetrador.

El proyecto obliga a que los menores víctimas reciban medidas de protección, atención médica y psicológica, restitución de derechos y programas de reintegración social. La normativa prohíbe cualquier medida disciplinaria o sancionatoria por su sola vinculación al grupo armado, incluyendo la deserción o el intento de fuga. Con estas disposiciones, el Estado pretende romper el ciclo de reclutamiento y ofrecer una respuesta integral a los niños afectados.

Fuente: Política