Una comisión bicameral del Congreso está analizando el proyecto de Ley Mirabal, que busca tipificar la violencia económica y patrimonial contra las mujeres. El texto propone penas de cinco a diez años de prisión y multas de diez a veinte salarios mínimos para quienes incumplan obligaciones alimentarias con capacidad de pago y usen esa omisión como forma de control. También se sancionará a quien condicione el pago de la manutención para impedir una separación o castigar a la mujer. La iniciativa fue presentada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, quien urgió su rápida aprobación.

Violencia económica

El proyecto considera delito el uso del incumplimiento alimentario para someter a la mujer, así como la retención, apropiación o desvío de sus ingresos sin derecho. Se penaliza también la coacción para que la mujer entregue sus recursos, contraiga deudas o firme obligaciones ajenas. El uso no autorizado de cuentas bancarias, tarjetas o datos personales para realizar transacciones o generar deudas será castigado con prisión y multa. Cuando la conducta se acompañe de amenazas, intimidación o se realice en presencia de menores, las penas pueden incrementarse.

Violencia patrimonial

La propuesta establece que dañar, destruir, sustraer, retener u ocultar bienes de una mujer, incluidos documentos y herramientas de trabajo, será sancionado con cinco a diez años de cárcel. Impedirle, mediante amenazas, usar, administrar o disponer de la vivienda u otros bienes sobre los que tenga derechos también está tipificado como delito. La transferencia fraudulenta o el ocultamiento de bienes comunes con el objetivo de privarla de su autonomía económica será penado. En casos agravados, como la presencia de niños o la comisión de lesiones graves, la prisión puede elevarse hasta veinte años y las multas hasta treinta salarios mínimos.

Fuente: Portada